Destaca una creciente concienciación, la ampliación de los marcos normativos y un mayor interés en tecnologías avanzadas y soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, persisten brechas significativas entre la ambición y la implementación. Solo entre el 12% y el 15% informa de una aplicación integral de medidas de resiliencia, con un cumplimiento débil de la normativa, evaluaciones de riesgos inconsistentes y sistemas de datos fragmentados. La escasez de capacidades, particularmente en las instituciones públicas, limita la planificación, el mantenimiento y la supervisión regulatoria, mientras que la financiación continúa estando fuertemente orientada hacia la reconstrucción posterior a desastres en lugar de la prevención. No obstante, regiones como Asia Oriental y el Pacífico muestran sólidas capacidades institucionales, y los gobiernos a escala global identifican el fortalecimiento normativo como una prioridad principal.  

Con un compromiso sostenido, una mejor gobernanza y el aprendizaje intersectorial, los países están cada vez más preparados para promover sistemas de infraestructura más resilientes y con visión de futuro que puedan resistir mejor los riesgos futuros. 

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